Pierde su cargo y todos los honores que conlleva.
Se le prohíbe ejercer cualquier función jurisdiccional.
El
Tribunal Supremo ha condenado esta mañana al exjuez Baltasar Garzón a abandonar
la carrera judicial durante once años tras demostrarse la prevaricación que
llevó a cabo durante las escuchas de la trama Gürtel.
Tras
más de dos años desde que el ex magistrado desarticuló una de las tramas de
corrupción más importantes de los últimos años, la Justicia ha decidido
inhabilitarle. En concreto, ha sido cesado durante once años lo que supone la
expulsión de la carrera judicial.
La inhabilitación de 11 años supone la expulsión de la carrera judicial.
El
tribunal ha considerado que las escuchas realizadas a los presos de la trama en
prisión mientras hablaban con sus abogados son merecedoras del delito de
prevaricación. Según esta audiencia, Garzón realizó estas investigaciones
secretas a sabiendas de su ilegalidad, y las condenó como “propias de regímenes políticos ya superados”.
Los
siete jueces firmantes de la sentencia, atacan en repetidas ocasiones a su ex
compañero. Lo tachan de “totalitario” pues consideran que sus prácticas
judiciales agreden los derechos de los imputados en el caso Gürtel. A
pesar de ello, los policías que declararon en el juicio justificaron sus acciones
pues consideraban que “no existía otra forma de parar las actividades ilegales
de la trama”.
Consecuencias procesales
La
sentencia estableció además que Garzón cargara con todos los costes procesales,
así como una multa de 6 euros al día durante catorce meses y el pago de los
abogados de los dos querellantes. Éstos no son ni más ni menos que los
principales imputados dentro del caso, Francisco Correa y Pablo Crespo.
El
fallo no dio lugar al voto particular pues los siete magistrados manifestaron
la decisión del cese de forma unánime. A pesar de que en España se le acumulan
dos procesos más, lo cierto es que la condena ha escandalizado a la comunidad
judicial internacional. Garzón goza de una gran reputación y era considerado
uno de lo más ilustres jueces españoles.
El
decreto deja abierta la posibilidad de recurso algo sobre lo que no se ha manifestado
hasta el momento el imputado.
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